La historia de la opacidad en México parece repetirse. El presidente López Obrador anunció recientemente una colecta para ayudar a Cuba, pero no podemos olvidar que en 2017, el dinero de una colecta para damnificados del sismo fue desviado a Morena, beneficiando a 34 operadores con cargos públicos. 

En paralelo, casos como el de Marlaya SA de CV, empresa “fantasma” vinculada al contrabando de combustible y al Cártel Jalisco Nueva Generación, muestran la magnitud de la impunidad: esta compañía defraudó al fisco por 29 mil millones de pesos, dinero suficiente para hospitales, escuelas o transporte público, mientras las autoridades no lograron frenar el fraude.

También abordamos cómo durante el gobierno de la 4T ha predominado la opacidad, especialmente en reformas electorales hechas sin debate público; aunque se presentan como austeridad, buscan favorecer políticamente al oficialismo y concentrar poder, limitando la rendición de cuentas. 

México enfrenta graves crisis en seguridad, salud y educación, mientras tanto los grandes fraudes permanecen invisibles, los responsables caminan libres y el dinero público desaparece. La pregunta es clara: ¿hasta cuándo seguiremos tolerando que la opacidad y la impunidad dominen nuestro país?

Esto y más encontrarás en Cuentas Claras, esperamos sea de tu interés.

Marlaya SA de CV, una empresa “fantasma” vinculada al contrabando de combustible, defraudó al fisco por más de 29 mil millones de pesos, cifra suficiente para construir decenas de hospitales, escuelas, cuarteles o líneas de transporte público. La empresa operaba sin infraestructura ni personal, facturando operaciones simuladas, y su representante legal, Aldo Ignacio Ulloa Temblador, también está vinculado a otras compañías implicadas en huachicol fiscal y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El SAT incluyó a Marlaya en su lista de factureras definitivas tras detectar evasión de impuestos e irregularidades desde 2021. Este desfalco supera con creces los presupuestos de varias dependencias clave de control y justicia, como la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía General de la República.

El ex presidente López Obrador convocó a través de su cuenta en X a una colecta para ayudar a Cuba en medio de la crisis energética que vive la Isla.

En 2017, el dinero de una colecta similar para damnificados por el sismo fue desviado a financiar a Morena como documentó MCCI en el llamado “Carrusel del Cash”.

Videos obtenidos por MCCI muestran al entonces secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer y a 5 colaboradores, formarse en carrusel en un banco hasta depositar 1.4 millones. Al fragmentar los depósitos eludieron controles antilavado.

El dinero se suponía que era para ayudar a los damnificados por el sismo, pero fue a dar a políticos de Morena. Al menos 34 operadores de esta triangulación fueron recompensados con cargos públicos en el gobierno federal.

​​Esta semana en A Juicio de Amparo, María Amparo Casar analiza cómo la transparencia ha estado ausente durante los gobiernos de la llamada 4-T, marcada por la opacidad en temas que van desde seguridad, salud y educación hasta el uso de recursos públicos y programas sociales, impidiendo la rendición de cuentas. Esta secrecía alcanzó su punto máximo en la elaboración de las reformas electorales, donde las iniciativas (Plan A y Plan B) se redactaron y modificaron sin participación ciudadana ni debate público, excluyendo a la oposición y a expertos.

Aunque la reforma cambió de enfoque, ahora afectando principalmente la democracia local y las remuneraciones de funcionarios, su verdadero objetivo parece ser político: modificar la fecha de la revocación de mandato para coincidir con las elecciones intermedias, beneficiando al partido oficial y a Claudia Sheinbaum. Todo esto se llevó a cabo bajo el discurso de austeridad y ahorro, ignorando problemas más graves del país y consolidando el poder de la coalición gobernante mientras se mantiene la opacidad y se limita el debate democrático.

Arqueólogos denunciaron que la construcción del Tren Maya en el Tramo 7 destruyó numerosos vestigios mayas con maquinaria pesada, con aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)  y presentaron imágenes y videos inéditos que evidencian el desmantelamiento de estructuras. La denuncia se realizó el pasado 17 de marzo durante una mesa académica en el Museo Nacional de Antropología, organizada por el propio INAH.

Señalan que al menos 47 estructuras fueron mutiladas y trasladadas a parques en Quintana Roo y Campeche, lo que consideran un “crimen de lesa arqueología” y una pérdida irreparable de información histórica. También acusan uso de personal no especializado y la creación de espacios con “falsa apariencia prehispánica”.

La industria cinematográfica mexicana enfrenta un dilema entre promover la cultura y evitar la corrupción. Tras la eliminación de los fideicomisos Fidecine y Foprocine en 2020, el nuevo estímulo fiscal EFICINE y el reciente crédito fiscal del 30% buscan impulsar la producción nacional, pero presentan riesgos históricos de discrecionalidad, simulación de gastos, favoritismo y lavado de dinero.

El programa exige al menos 70% de proveeduría nacional, pero la transferibilidad de beneficios y la subjetividad en criterios artísticos facilitan la triangulación de recursos y opacidad. La creación de un Comité Técnico y la implementación de políticas de integridad, auditorías y seguimiento público son esenciales para asegurar transparencia, prevenir corrupción y garantizar que los apoyos lleguen efectivamente a proyectos culturales responsables.